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EL BANCO MUNDIAL REORIENTARÁ SU APOYO EN EL SECTOR DEL AGUA EN BOLIVIA

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Según el MMAyA los escenarios de disponibilidad de agua en Bolivia para 2017 indican que éste año la crisis por la provisión de agua puede comenzar en agosto en vez de noviembre, es decir, 3 meses antes. Se trata del peor escenario de la sequía que Bolivia afrontará en 2017. Todo ello ha conducido al desarrollo de un «Plan de Acción de Emergencia en Áreas Urbanas con Déficit Hídrico»

Los pronósticos sugieren que 2017 puede ser el peor año de los últimos 8 en cuanto a volumen de precipitaciones, o lo que es lo mismo, el período más seco en una década, afectando de manera notable a las represas de La Paz situadas en las zonas de Hampaturi, Incachaca, Milluni, Tuni y Achachicala. En los peores escenarios, el embalse del Tuni podría estar en un 60 % de su capacidad, el de Milluni en un 40 % y el de Incachaca en un 40 %, con lo que «la crisis empezaría en agosto del 2017», según el documento citado. Por su parte, también hay alertas de sequía para las ciudades de Sucre, Cochabamba y Potosí donde, no obstante, ya se cuenta con una limitada disponibilidad de agua.

Según estimaciones del gobierno todavía es necesario invertir alrededor de 230 millones de dólares para financiar la construcción de canales, presas, pozos, aducciones y realizar trasvases en La Paz, Sucre, Cochabamba y Potosí.

En Bolivia la disponibilidad de agua es fundamental, porque se encuentra vinculado con aspectos como la pobreza, la vulnerabilidad y la salud, la educación, el capital humano y el sector agrícola, que en el caso de Bolivia constituye el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y emplea a casi el 30% de la población. También es importante la gestión del agua para el cambio climático y para la resiliencia de las familias, especialmente en un periodo en el que los fenómenos extremos están aumentando en el mundo entero, como la sequía y las inundaciones en Bolivia. La escasez del recurso, exacerbada por el cambio climático, podría causar la reducción de hasta el 6% del PIB en algunas regiones, provocar migraciones y generar conflictos, según un informe del BM.

Bolivia cuenta con una disponibilidad de agua de 53.520 m3 por persona por año, ratio elevado con respecto a la mayoría de países a nivel mundial. Sin embargo, y aunque el Estado ha hecho progresos en este tema, según datos de 2015, el 84,7% de la población tenía acceso al agua y el 57,1% a saneamiento.

Es precisamente éste escenario el que ha propiciado que el banco Mundial decida reorientar su apoyo financiero a Bolivia en materia de gestión del agua. Tal y cómo confirmó Nicola Pontara, Representante Residente del Banco Mundial en Bolivia, la Institución Financiera acordó con el Gobierno de Bolivia la modificación del plan de trabajo 2016-2020.

En 2015, el Gobierno y el Banco Mundial (BM) acordaron trabajar en el Marco de Alianza País (MAP) 2016-2020, que incluye un financiamiento de hasta 2.000 millones de USDpara proyectos que beneficiarán directa o indirectamente a unos 4,5 millones de bolivianos. La prioridad en ese momento eran la infraestructura vial (34%), seguida del cambio climático y gestión de desastres (25%), desarrollo rural y agricultura (19%) y otros como capacidad de estadística, energía, desarrollo urbano, empleo, protección social y salud (22%).

El nuevo Marco de Alianza País (MAP) entre el BM y Bolivia está alineado con las prioridades de Bolivia y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020. En la actualidad se cuenta con una cartera en preparación de 625 millones de USD para cinco proyectos relacionados:

  • Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) —que ya tiene 10 años de vida y benefició a cerca de 50.000 familias con 15.000 alianzas productivas— recibirá un financiamiento adicional de 100 millones de USD para temas de riego tecnificado.
  • Cosechando Agua Sembrando Luz mejorará con 50 millones de USD el acceso a los servicios de agua y energía en las comunidades más pobres y aisladas del país. En este proyecto los beneficiarios en este momento son 7.000 familias.
  • Acceso a Servicios de Agua y Saneamiento en Zonas Periurbanas que destinará, a su vez, 140 millones de USD para beneficiar a unas 350.000 familias.
  • Riego Familiar persigue con una dotación económica de 85 millones de USD mejorar el manejo de microcuencas para aumentar la producción agrícola, incrementar los ingresos de las familias y contribuir a la seguridad alimentaria.
  • Plantas de Tratamiento y Reuso de Agua cuenta con un presupuesto de 250 millones de USD.

Por último, el BM se encuentra reestructurando el Programa Piloto de Resiliencia Climática y Manejo Integrado de Cuencas (PPCR) para incluir todos los componentes para el monitoreo de sequías y seguir avanzando en situar a Bolivia a la cabeza de los desarrollos en Cambio Climático.

Fuentes: Banco Mundial, PDES, MAP, Entrevista a Nico Pontara, MMAyA

Links:

www.bancomundial.org/es/country/bolivia

www.mmaya.gob.bo/

www.planificacion.gob.bo/pdes/

 

 

Juan Cruz Trecet

Consultor Internacional

 

Seminario Internacional sobre Fondos Europeos. Como prevenir y detectar el fraude en la gestión de fondos de la EU. Nuevas acciones y medidas

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Madrid, 20 y 21 Junio 2016

Expertos de primer nivel, tanto español como de la Comisión Europea, se han dado cita para impartir un seminario sobre cómo prevenir y detectar las irregularidades y el fraude en la gestión de fondos de la UE.

La jornada se ha centrado en la revisión de las nuevas acciones y medidas.

Los pasados días 20 y 21 de junio ha tenido lugar en Madrid el Seminario «Cómo prevenir y detectar las irregularidades y el fraude en la gestión de fondos de la UE«, organizado por Creatividad y Tecnología S.A., en el ámbito de su especialidad de servicios para el Sector Público, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la IGAE (SNCA) y el Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Este evento se ha celebrado en un momento muy oportuno, cuando se inicia la ejecución de los programas del marco 2014-2020, en el que los aspectos de lucha contra el fraude adquieren una relevancia especial respecto a períodos de programación anteriores.

La participación, a lo largo del seminario, de ponentes de autoridades de gestión de fondos comunitarios, órganos encargados de la ejecución de proyectos, y responsables de órganos de investigación y de coordinación de la lucha contra el fraude, así como representantes de distintos órganos de la Comisión Europea, y del ámbito académico, ha permitido conocer distintos aspectos y enfoques de un mismo objetivo, la lucha contra el fraude en el ámbito de los fondos europeos.

Ello ha posibilitado un aspecto fundamental en esta primera etapa de puesta en marcha de proyectos en el marco de los programas operativos del nuevo marco, como es el poder compartir experiencias y buenas prácticas en la gestión de los fondos, que permitan los principios de legalidad y de buena gestión financiera y evitando, en la medida de lo posible, las posibles irregularidades, fraudes y otras desviaciones respecto a esos principios.

En el marco de programación 2014-2020, la necesidad de proteger los intereses financieros de la Unión Europea adquiere una importancia especial, estableciéndose la obligación, para los gestores de fondos, de adoptar medidas eficaces, disuasorias y proporcionadas para prevenir el riesgo de irregularidades y fraude.

Estamos hablando de evitar, en la medida de lo posible, las situaciones de irregularidad y fraude, mediante una adecuada gestión de los fondos, y estableciendo medidas en las distintas fases del denominado “ciclo antifraude”: prevención, detección, investigación y corrección y sanción.

A lo largo de estos dos días se ha tenido ocasión de conocer medidas y aspectos concretos de cada una de estas fases del procedimiento antifraude. Se ha destacado la importancia, en el proceso de gestión, de establecer unos mecanismos adecuados de prevención, mediante la evaluación, priorización y tratamiento de los riesgos de fraude, así como de contar con un conjunto de indicadores que posibilite una mejor detección de los supuestos de fraude.

Se ha hecho referencia, también, a la necesidad de establecer cauces y procedimientos para la adecuada comunicación de las irregularidades y el fraude. El intercambio de información es un aspecto fundamental en la prevención y lucha contra el fraude y debemos reforzar, en la medida de lo posible, los sistemas y bases de datos que posibiliten una utilización de los datos con este objetivo.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto un elemento fundamental en el proceso de lucha contra el fraude, como es la educación y sensibilización en esta materia. Existe una gran consciencia sobre la importancia del objetivo de lucha contra el fraude, y de la necesidad de mantener un nivel de tolerancia cero al respecto, pero es necesario llevar a cabo un proceso continuo de sensibilización, de pedagogía, que permita ir creando una cultura antifraude que se extienda tanto en el ámbito público como en el privado y se generalice en todos los niveles de la sociedad. La ejemplaridad de los funcionarios, altos cargos y servidores públicos en general es otro aspecto que no se debe perder de vista para ganar la batalla al fraude.

Asimismo, a lo largo del Seminario se han destacado otros aspectos y elementos necesarios en este proceso de refuerzo de la lucha contra el fraude:

  • Es preciso que todos aquellos que participan en el proceso de gestión y control de los fondos adopten un claro compromiso en relación con la prevención y la lucha contra el fraude.
  • Debe incrementarse la transparencia en el ámbito público, como uno de los mecanismos más potentes de lucha contra el fraude.
  • Es fundamental definir adecuadamente los procedimientos y asignar claramente las responsabilidades, para saber exactamente cómo debe actuarse en cada caso; por ejemplo, cuando nos encontremos ante un posible conflicto de interés, o ante una situación irregular en un proceso de contratación pública.
  • Los supuestos de irregularidad y fraude son conceptos diferentes. Es importante distinguirlos y reconocer la dificultad de valorar el elemento de intencionalidad que los separa.
  • Deben establecerse controles adecuados y eficaces; no es operativo contar con un número excesivo de controles, pero sí garantizar que los controles necesarios existen, se han puesto en práctica y funcionan adecuadamente.

  • Y, por último, se deben reforzar los mecanismos de publicidad y comunicación de las medidas adoptadas para mejorar la lucha contra el fraude, ya que ello puede tener también un importante efecto preventivo.

    Todos estos aspectos permitirán ir avanzando en la consolidación de los mecanismos de prevención y de lucha contra el fraude, y, en definitiva, contribuirán a una mejor gestión de los fondos.

    Por último, como nota optimista, se ha puesto de manifiesto en varios momentos del seminario la opinión de que la situación está mejorando, las instituciones funcionan y muestra de ello es que los casos de fraude se persiguen y se juzgan, y los defraudadores son sancionados.

    Para ver el programa:

  • Programa 1
  • Programa 2

Si quieres ver las presentaciones que se expusieron durante las jornadas, pincha aquí.

Creatividad y Tecnología y las Nuevas normas para regular las Encomiendas de gestión

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La encomienda de gestión ha experimentado un crecimiento en los últimos años, sobre todo la modalidad de encomienda a entidades consideradas medio propio de las AAPP, que ha adquirido un peso relevante en determinadas áreas de gestión.

Este tipo de encomienda está a caballo entre la actuación directa y la contratación externa para la provisión de bienes y servicios a las AA PP. El Tribunal de Cuentas en informe reciente advierte de algunos de los riesgos derivados del uso y abuso de esta figura. En este artículo se desgranan los razonamientos que utiliza el Tribunal.

En esta línea es claro que la regulación actual de las encomiendas tiene la necesidad de adaptación a las exigencias marcadas por las Directivas y la Jurisprudencia del TJUE interesadas en establecer fórmulas que impidan falsear las reglas de la competencia en la licitación pública. La reforma se plantea también a través de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las nuevas reglas representan una oportunidad para hacer que la contratación pública sea más eficiente, transparente y promover un verdadero sistema equitativo en sectores de actividad que han sido víctimas de la escasa inversión pública durante los años de crisis y recesión.

Para continuar leyendo pincha aquí.

Susana de la Puente Toral